La práctica de la tortura en el país y particularmente en Oaxaca no sólo existe sino que las denuncias que se han registrado permanecen impunes.

De acuerdo con el Informe sobre Tortura y Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2017-2018, la tortura en México ha tomado formas inusitadas en los últimos años.

A pesar de que en 2017 se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, esta práctica continúa y lamentablemente las quejas que existen ante las instancias de Derechos Humanos se quedan en la mera denuncia, pues no se investigan.

El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha documentó, de acuerdo con las quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que en la entidad la tortura es una práctica que se ha perpetuado y que ha alcanzado momentos críticos como lo fue el 25 de noviembre de 2006 durante el conflicto de la APPO.

Para esta investigación se revisaron 120 expedientes de la DDHPO con fechas de la queja o de los hechos de los años 2017 y 2018.

Se solicitaron los expedientes con documentaciones de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes (TPCID).

Del total de casos revisados y reclasificados (84) el resultado es: el 58.33% (49) fueron casos de tortura. El 42.68% (35) fueron casos de TPCID.

Las edades de las personas que viven este tipo de violación grave a sus derechos humanos oscilan entre los 16 hasta los 61 años.

En cuanto a los métodos de tortura utilizados por los perpetradores en orden descendente de frecuencia se encuentran: golpes, amenazas, posiciones forzadas, esposamiento, privación de alimentos, insultos y negación de servicios médicos, entre otros.

Del total de expedientes revisados, 34 de ellos eran quejas interpuestas contra el sistema penitenciario.

Por lo que se refiere a los perpetradores de los hechos se detectó que las autoridades que cometen tortura y TPCID de mayor a menor frecuencia son: directores de penales, custodios, agentes estatales de investigación, policía municipal, agentes del ayuntamiento y del ministerio público, entre otros.

El Informe concluye que hay un subregistro de denuncias de tortura.

«Solamente de los casos revisados para la realización de este informe notamos que existe más de un 90% del total de casos de tortura sin registrar por parte de la Defensoría y más de un 75% de casos sin registrar como TPCID».

También se emite una serie de recomendaciones a la Fiscalía General de la República, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a la Fiscalía de Oaxaca, a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la DDHPO para que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura no sea letra muerta.

En la presentación del informe hoy en esta ciudad participaron: Patricia Cruz Ramos, psicóloga y perita en investigación y documentación de la tortura, terapeuta y doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 Octavio Amezcua Noriega, experto en la materia de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Ángel Salvador Ferrer, coordinador de Programa Prevención de la Tortura en Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social.