Con la orden de un juez federal para detener al ex procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, se ve una luz al final del túnel en el caso de los eperristas desaparecidos hace 13 años.

Edmundo Reyes Amaya es un revolucionario reivindicado por el PDPR-EPR, detenido y desaparecido junto con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, por elementos de la policía y militares.

Desde esa fecha sus familiares y organizaciones solidarias a través de la denuncia exigen su presentación con vida, esfuerzo político que obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que emitiera la recomendación 29/2009 donde exhorta al gobierno estatal de aquel tiempo Ulises Ruiz Ortiz y al federal de Felipe Calderón Hinojosa a que lo presenten con vida, sin embargo, ambos gobiernos fueron omisos.

En junio de 2014 el noveno tribunal de la federación emite la resolución 29/2014 que ordena su búsqueda en cuarteles o zonas militares, además de citar a comparecer a altos mandos militares, para que digan qué hacían en el momento de la desaparición forzada, resolución que no fue acatada.

Cuando casi se cumplían 12 años de la detención y desaparición de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal en mayo de 2019 concedió la demanda de amparo 942/2013-2 a favor de las víctimas y de sus familiares en el reconocimiento de su responsabilidad en la comisión de este crimen de lesa humanidad y ordena la realización de importantes actuaciones jurídicas para resarcir medianamente el daño causado a sus familias, no obstante, el 24 de mayo del año pasado la SEDENA y FGR impugnaron esta sentencia y negaron el cometido de la desaparición forzada.

Es el caso más emblemático en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el cual está ampliamente documentado y señalado a través de investigaciones de personalidades, abogados y defensores que fueron detenidos y desaparecidos por elementos policíacos y militares.

En todos estos años las administraciones de FCH y Enrique Peña Nieto protegieron con el manto de la impunidad a los responsables materiales e intelectuales.

«Exigimos a la actual administración su presentación con vida, se conozca la verdad de los hechos, se enjuicie y castigue a los perpetradores», han declarado familiares y compañeros.

CON INFORMACIÓN DE Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.