Además de lamentables e indignantes, los 256 asesinatos violentos de niñas y mujeres oaxaqueñas ocurridos desde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, representan el costo social de la inoperancia de dicho mecanismo.

Así lo expresó la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer «Rosario Castellanos», Angélica Ayala Ortiz.

Para evidenciar sus afirmaciones, Ayala Ortiz compartió los datos del monitoreo hemerográfico que desde hace casi 20 años realiza el Grupo de estudios y que en este año identifica que de las 88 niñas y mujeres asesinadas de manera violenta, en el 27 por ciento de los casos sus cuerpos se localizaron en su casa.

Ese hecho representa la gravedad del entorno feminicida que existe en Oaxaca, así como el incremento de los actos que expresan odio hacia las mujeres, de conductas que “cosifican” sus cuerpos, los deshumanizan y los abandonan.

Además, otro 24 por ciento de los cuerpos fueron localizados en lotes baldíos, barrancos, poblados solitarios, caminos de terracería, en el basurero e incluso en fosas clandestinas.

Muchas de esas mujeres asesinadas habían sido reportadas previamente como desaparecidas, situación que coloca a las autoridades como negligentes en su actuación, pues al no aplicar los protocolos de búsqueda, la consecuencia es, más mujeres y niñas víctimas de feminicidio.

La presidenta del GESMujer se preguntó por qué no ha funcionado la Alerta de Violencia de Género y explicó que las causas con múltiples, además de ser un problema estructural de violencia hacia las mujeres, es la suma de omisiones y negligencias.

Mencionó que tanto a nivel estatal como municipal hay resistencias entre las autoridades para reconocer que existe el feminicidio como un problema social. Y si no se reconoce, es imposible que haya voluntad política para atenderla.

Destacó también el permanente conflicto entre las cifras oficiales y las de la sociedad civil, sobre los feminicidios es un ejemplo claro de que se minimiza el problema. Y si no se reconoce, es comprensible la falta de resultados.

Por si fuera poco, se carece de un plan de trabajo inter institucional, con objetivos, metas y mecanismos de evaluación. ¿Cómo saber si las estrategias funcionan? Solo basta recordar las acciones mediáticas como la aplicación Mujeres a salvo, transporte seguro para las mujeres, los botones de pánico ¿cuánto se invirtió y cuáles fueron sus resultados? La simulación con recursos públicos, debe ser fiscalizada y sancionada.

Falta también acompañamiento a los municipios con Alerta de Violencia de Género, principalmente en zonas indígenas, pues se requiere capacitar a las autoridades con mecanismos de actuación eficientes y coordinados a fin de dar respuesta a la situación de violencia que viven las mujeres indígenas y afromexicanas

Existen serias carencias en las instituciones de procuración de justicia, incluso en las especializadas como los Centros de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Razón de Género, donde se dan prácticas violatorias a derechos humanos, mismas que re victimizan a las mujeres.

Finalmente mencionó que es necesario fortalecer las instituciones responsables de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia, especialmente el feminicidio, se  requiere hacer evaluaciones no solo cuantitativas, es decir que no es suficiente evaluar en términos de cuántas capacitaciones se brindan, sino de hacer una evaluación cualitativa que permita valorar si esos esfuerzos se reflejan en la labor de los y las servidoras públicas, en las formas de desempeñar su quehacer institucional, incorporando el enfoque de género en toda las áreas.