En el ámbito de la impartición de justicia en personas indígenas debe imperar el principio constitucional de que toda autoridad debe “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos de toda la sociedad, subrayó el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, Comisionado Visitador Judicial “A” de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

De igual forma, sostuvo, para la toma de una “decisión equilibrada” es necesario tomar en consideración los Sistemas Normativos Internos de las comunidades o pueblos indígenas, y auxiliarse de peritajes antropológicos, dictámenes, e investigaciones documentadas por parte de instituciones u organizaciones civiles de reconocido prestigio como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) o Cepiadet.

Porque, enfatizó, al impartir justicia no deben afectarse derechos conexos como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, entre otros, como por ejemplo, cuando un procesado tiene hijos menores de edad, o cuando una persona indígena al cumplir con una “conducta esperada” de su comunidad, pareciera incurrir en algún delito, como podría ser la portación de un arma para uso en la protección de la seguridad comunitaria.

Así lo expreso el impartidor de justicia durante la conferencia “Las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal”, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el pasado viernes 26 de junio.

“La noción de derechos humanos adquiere una dimensión diferente y debe ser el paraguas que nos protege a todos y que nos obliga a quienes ejercemos una función jurisdiccional a ser tuteladores de los mismos”, recalcó el magistrado originario de Huajuapan de León, quien sentó precedente en el estado al declinar competencia a una comunidad indígena para ejercer juicio en contra de uno de sus integrantes acusado de un delito de orden federal.