En el marco del Día Mundial de la Niñez (20 de noviembre), organizaciones sociales como Save the Children demanda mayor presupuesto para expandir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el derecho a sobrevivir, a aprender y estar protegidos. 

Pese a que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de destinar recursos suficientes para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, en los últimos años, el presupuesto total para atender a este grupo de la población ha tenido un decremento anual del orden del 3.5%, en promedio, al pasar de 797,722 millones de pesos en el año 2018 a 791,631 millones de pesos en el PPEF 2021 (714,987.92 en valores reales)1

Esta disminución constante del presupuesto, refleja que para el Estado mexicano, la protección integral de la niñez y la adolescencia no es una prioridad en la agenda gubernamental, ya que los avances en legislación y política pública no se logran materializar en un cambio positivo en las realidades de las niñas, niños y adolescentes, debido a la falta de voluntad política para invertir el presupuesto suficiente. 

Los derechos, el presente y el futuro de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México, están en alto riesgo. La pandemia llegó en un contexto ya adverso para los derechos de la niñez y adolescencia, con una débil estrategia integral para garantizarlos y una inversión pública reducida. A ese contexto, se sumó un incremento en casos de violencia familiar; un aumento en los asesinatos de menores de edad; se dificultó, aún más, el acceso a los servicios de salud, incluyendo rezagos en la aplicación de los esquemas de vacunación; millones de niñas, niños y adolescentes dejaron de poder ir a la escuela, y miles están en riesgo de sumarse a las filas del trabajo infantil, por mencionar solo algunos ejemplos. 

Aún ante ese complejo panorama, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF), disminuye o simplemente desaparece los recursos de programas clave, a pesar de haber sido creados para atender a las poblaciones en mayores condiciones de marginación y exclusión del país.

Prevalece la insuficiente asignación de recursos para la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para las Procuradurías Locales de Protección. Lo anterior, aún cuando los casos de violencia han incrementado, y sabemos, que al menos 63% de las niñas y niños menores de 14 años de edad han sufrido algún tipo de maltrato en su hogar2. Datos de la Red Nacional de Refugios, A.C. indican que las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de la violencia familiar se incrementaron en un 80% durante las primeras semanas del confinamiento3.

En el año más complicado, a nivel mundial, para el derecho a la educación, el panorama presupuestario es desalentador. De facto desaparecieron programas esenciales de educación dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Las niñas y niños que recibían beneficios de programas como Escuelas de Tiempo Completo; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante y Convivencia Escolar, dejarán de percibirlos, además de una injustificada reducción de 700 millones a CONAFE, que atiende comunidades dispersas y de alta marginación en esquemas multigrado. Además, en un México donde menos del 15% de las niñas y niños entre 0 y 3 años puede recibir educación inicial4, no se incrementan los recursos para garantizar y ampliar su acceso.

No hay ninguna previsión presupuesta en 2021 para prevenir el abandono escolar que ya se está produciendo en el cierre prolongado de las aulas, ningún esfuerzo para protección a domicilio ante situaciones de maltrato, abuso y otras violencias, ni tampoco se pensó en que se requieren fondos para contención socioemocional y para que el costo de voz y datos, o la imposibilidad de pagar fotocopias, no signifique frustración, exclusión desánimo y finalmente fracaso escolar.

El CONEVAL estima un incremento de alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza5, lo que sirve como preludio de un aumento en el trabajo infantil, y aún así, hay una ausencia casi total en la asignación de recursos para abordar esta problemática. A pesar de que el trabajo infantil representa una múltiple violación de derechos y cuyas consecuencias crean una serie de efectos en cadena que reproducen círculos de violencia y brechas de desigualdad, si consideramos que actualmente hay al menos 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, en el PPEF 2021 solamente se asignan $1.40 (1 peso con cuarenta centavos) para la atención de cada niña y niño trabajador, y no se prevé ningún presupuesto adicional para prevenir el incremento de este problema.  

Ante un sistema de salud mexicano que ya sufría muchas debilidades, donde 5 millones de niñas y niños no tenían acceso a salud, y que, ante el contexto actual, sufre su mayor presión; programas clave mantienen el mismo presupuesto inicial de años anteriores. Este es el caso del Programa de Vacunación Universal, que, en términos reales vio reducidos sus recursos. Pues, a pesar de tener sobre-ejercicios año con año, se asigna el mismo monto sin siquiera considerar la inflación. Garantizar un presupuesto robusto para que al menos el 95% de la población esté vacunada es, además de un tema de derechos, una estrategia para evitar la sobre saturación del sistema de salud. 

Por lo que respecta a la niñez en movilidad humana, preocupa la falta de recursos suficientes para que las Procuradurías de Protección, tanto a nivel federal como local, asuman de forma eficiente sus atribuciones de primer contacto y protección de la niñez migrante, refugiada y solicitante de asilo, que sigue estando invisibilizada en cuanto al acceso a sus derechos, como la protección especial, la identidad, la educación, la salud, la vida libre de violencia, entre muchos otros. 

Las vulnerabilidades preexistentes de millones de niñas, niños y adolescentes en México, se han exacerbado por la pandemia de Covid-19. La totalidad de sus derechos están en riesgo. Invertir en la niñez y adolescencia es una obligación, una necesidad, es económicamente rentable, y políticamente y moralmente forzoso. 

Las y los diputados tienen hoy, en sus manos, la posibilidad de revertir esta situación y dar mayor seguridad al presente de estas niñas, niños y adolescentes para que tengan un mejor futuro. En ese sentido, hacemos un exhorto a la Cámara de Diputados, para cumplir con su deber de ser garantes de los derechos de la niñez y defender un presupuesto que garantice el bienestar de los grupos más vulnerables y excluidos, como son las niñas, niños y adolescentes.