Con la revisión del proceso administrativo para asignar los recursos a los refugios de mujeres e hijos en situación de violencia, el líder de vendedores ambulantes y ex perredista Hugo Jarquín tendrá que rendir cuentas sobre la operación de dicho espacio, el cual, a través de la autollamada «Red Internacional de Grupos Organizados Mixtecos» le fue entregado en comodato el 3 de abril de 2017, durante la administración municipal de José Antonio Hernández Fraguas.

La Red tiene su domicilio en la localidad de San Pedro Yosoñama, en el municipio de San Juan Ñumi, en el municipio de Tlaxiaco, en la región de la mixteca en Oaxaca. Su tarea es fundamentalmente la atención como defensora de pueblos indígenas y, supuestamente, la gestión de todo tipo de proyectos productivos en beneficio del sector vulnerable.

IMAGEN: HUGO  JARQUÍN, EX PERREDISTA Y LÍDER DE VENDEDORES AMBULANTES.

 

DECISIONES UNILATERALES

La ex regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos del municipio capitalino, Bárbara García Chávez dijo en varias ocasiones que este acto se realizó sin el consentimiento de la Junta de Gobierno de la cual forma parte y que tampoco se consultó a los integrantes del Cabildo.

Detalló que unos días antes de la firma recibió información de algunas irregularidades dentro del albergue y de versiones que aseguraban que el refugio estaba inhabilitado, se hablaba de la posibilidad de dejar la administración a un particular, por lo que consultó a la directora del instituto municipal, quien rechazó la información.

“Uno de los motivos que nos condujo a solicitar la rescisión del contrato es el incumplimiento  de información respecto de la información de las mujeres en situación de violencia  que se encuentran o hayan recibido atención por parte de la citada organización. Y de la misma forma no omito puntualizar que se solicitó información tanto a la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, así como a la titular del Centro de Justicia para las Mujeres, para conocer  si existen mujeres albergadas en dicho refugio, sin que a la fecha hayamos recibido información respecto al número de mujeres remitidas por dichas instituciones”, señaló  la ex titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Iliana Araceli Hernández Gómez.

Fue en septiembre de 2015 cuando el ex presidente municipal Javier Villacaña colocó la primera piedra de este recinto. En el acto se dio a conocer que el ex diputado federal Hugo Jarquín gestionó 8 millones de pesos para la construcción de dicho espacio.

El refugio fue construido en un predio propiedad del ayuntamiento en una superficie de 600 metros cuadrados en beneficio de más de 200 mujeres y 500 niños y niñas.

IMAGEN: EN 2015 COLOCAN PRIMERA PIEDRA DE REFUGIO.

 

HOMBRES ARMADOS

Vecinos de la zona donde está el inmueble, cuya ubicación se omite por razones de seguridad, denunciaron que sienten temor pues alrededor del lugar han visto camionetas y hombres armados resguardando, al parecer, dicho refugio.

Además pusieron en entredicho que haya mujeres al interior, pues los denunciantes aseguraron que todas las noches se escucha «mucho ruido». Por lo anterior, exigieron que este lugar sea cerrado.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, mencionó que hasta julio de 2016 el refugio fue parte de la Red, sin embargo, dejó de serlo porque no ratificó los compromisos de tener lineamientos éticos y de aplicar el Modelo de Atención Integral a Mujeres. Por tanto y desde entonces, no tiene relación con la administración del inmueble y desconoce si la organización encargada de operarlo tiene experiencia en el tema.

Por otra parte, en entrevista con Cimacnoticias, señaló que ella tuvo conocimiento que desde abril del 2017 el refugio cerró sus puertas.

SE REVISARÁN SUBSIDIOS

El gobierno federal aclaró que el proceso administrativo para asignar los subsidios a los refugios para mujeres e hijos en situación de violencia se encuentran en revisión para optimizar los apoyos destinados a este fin.

Los recursos están garantizados a través del Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado por el Congreso, por un monto de 346,482,708 pesos.