San Juan Bautista Tuxtepec, municipio que registra 60% de los 71 feminicidios ocurridos en la Cuenca del Papalopan durante el gobierno de Alejandro Murat.

En semanas recientes, el cruel asesinato de Fátima P. M. y la desaparición de Casandra R. S. e Itzel G. G. en el Distrito de Tuxtepec, ha provocado que las oaxaqueñas salieran a protestar a las calles y en redes sociales para exigir justicia por los feminicidios y desapariciones que imperan en toda la entidad. Las tres jóvenes salieron de su casa en busca de trabajo, pero nunca regresaron.

Luego de tres meses de búsqueda, el cuerpo de Fátima fue encontrado sin vida junto a otros dos cadáveres, dentro de una fosa clandestina en Tuxtepec.

YA BASTA, CLAMOR POPULAR

Los mensajes de protesta #JusticiaParaSol, #OaxacaEstadoFeminicida y No queremos Guelaguetza, queremos a nuestra hermanas de vuelta denuncian el negacionismo de Estado frente a la violencia feminicida que ha marcado la administración actual.

De acuerdo con el subregistro que realiza Consorcio Oaxaca, del 01 de diciembre de 2016 a la fecha han ocurrido 441 feminicidios que siguen en la impunidad, como es el caso de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada hace dos años en la región del Istmo.

En semanas recientes la periodista y madre de la joven, Soledad Jarquín, impulsó la campaña Hasta que la justicia llegue con el apoyo y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como Consorcio Oaxaca.

Sin embargo, lejos de obtener respuesta del gobierno estatal sobre la opacidad e impunidad que ha permeado el seguimiento a las carpetas de investigación, el pasado 14 de junio Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca recibió una amenaza de muerte en sus instalaciones, por lo que responsabilizan al gobernador Alejandro Murat, al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y a Raúl Ernesto Salcedo Rosales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de la vida y la seguridad tanto de Soledad Jarquín, de su familia así como de cada una de las integrantes de Consorcio Oaxaca.

En los datos también encontramos que del total de  mujeres desaparecidas en Oaxaca -818 casos del 01 de diciembre al presente- tan sólo 13% se reportaron como “localizadas” sin tener información sobre las condiciones físicas o psicoemocionales en que fueron encontradas y, en los casos en que es posible saberlo, 9 de ellas aparecieron sin vida y con signos de haber sido asesinadas con violencia extrema.

En 2020 el panorama no deja de ser preocupante, pues en la primera mitad del año han ocurrido 60 feminicidios en toda la entidad, 65% de los asesinatos sucedieron en las regiones del Papaloapam e Istmo de Tehuantepec, 53.8% de estos casos fueron perpetrados con arma de fuego y 20.5% por grupos de sujetos armados. Ambas regiones suman, junto con Valles Centrales, 78% del total de mujeres desaparecidas -136 casos- durante el mismo periodo.

Los registros e investigaciones de especialistas en uso y tráfico de armas refieren que en México las armas de alto calibre se pueden obtener fácilmente en cualquier buscador de internet (Pérez, 2011). También aseguran que de las cuatro rutas por las que ingresan armas estadounidenses a territorio nacional, tres tienen como lugar de destino o de trasiego el estado de Oaxaca[1].

Lo anterior refleja el fácil acceso que podrían tener civiles y grupos organizados en regiones como el Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, donde niñas y mujeres sobreviven en contextos de riesgo letal permanente, pues una sola arma puede matar durante 40 o 50 años a cientos de personas,  pasando por manos diferentes y en países distintos.

Cabe recordar que en febrero de 2020 los gobernadores de Oaxaca y Veracruz firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad, a fin de reforzar acciones en los municipios limítrofes de ambas entidades (Pérez, 2020), sin que a la fecha se observe una reducción de la violencia generalizada que impera en distintos municipios de la región: “De acuerdo con la PGR, el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado; y es que el tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa 15 por ciento (unos 1 mil 200) de los delitos federales cometidos en todo el país” (Pérez, 2011).

El grito de las oaxaqueñas por las mujeres desaparecidas y asesinadas no está dirigido sólo al gobernador Alejandro Murat -quien a la fecha no ha informado sobre la asignación de presupuesto para la activación de la Alerta de Género en 40 municipios la entidad y tampoco ha dado prioridad a la integración de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado, tal como lo establece la ley en materia que fue aprobada hace seis meses-, el grito de las mujeres es también un llamado doloroso y rebelde dirigido a toda la sociedad oaxaqueña, para que se solidarice y manifieste con las familias de las víctimas de violencia en un Estado Feminicida.

Desde Consorcio Oaxaca nos unimos al llamado de las mujeres y colectivos en búsqueda de sus familiares desaparecid@s, a las madres y víctimas indirectas de las mujeres asesinadas, a las defensoras de derechos humanos que brindan apoyo y acompañamiento  a quienes son víctimas de  violencia feminicida. Por ello exigimos:

Al gobierno del Estado de Oaxaca

– Que se garantice la asignación de presupuesto para operar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, tal como lo establece el Artículo 23 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

– Que envíe cuanto antes la terna para la integración de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca, tal y como lo establece la ley en materia, emitida hace más de seis meses.

– Que se sancione el delito de feminicidio en los casos ocurridos durante la administración de Alejandro Murat, tal y como lo establece el artículo 412 del Código Penal del Estado.

– Que asegure y vigile la reparación del daño a las víctimas indirectas de desaparición y feminicidio  y se les proporcione el acompañamiento psicológico tal como lo establece la Ley General de Víctimas en Oaxaca.

-Que destituya de manera inmediata a  Ruben Vasconcelos como titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

A la Fiscalía General de la República:

– Que realice un seguimiento y acciones inmediatas en relación al uso y tráfico de  armas de alto calibre en Oaxaca conforme a las leyes y convenios nacionales e internacionales en materia.

A la sociedad:

– Que se solidarice con las familias en búsqueda de personas desaparecidas en Oaxaca y México, escuche y reconozca los casos, estableciendo con ello una relación de empatía y acompañamiento a las víctimas indirectas, así como apoyar y denunciar la desaparición como un delito grave que va en aumento en la entidad.

– Que se cuestione y erradique la normalización del uso de juguetes bélicos entre niños y adolescentes, los cuales promueven y legitiman formas de relaciones basadas en la violencia machista y patriarcal.

REFERENCIAS

INMUJERES. (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgamvv.pdf

Pérez, A. (16 de noviembre de 2011). Tráfico de armas, el negocio de la muerte. Disponible en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2011/11/16/trafico-de-armas-el-negocio-de-la-muerte/

Pérez, J. (Miércoles 12 de febrero de 2020). Oaxaca y Veracruz se unen para combatir la inseguridad. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/02/12/oaxaca-y-veracruz-se-unen-para-combatir-la-inseguridad-1874.html

www.diputados.gob.mx. (2017). Ley General de Víctimas. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf


[1]          “El gobierno mexicano identifica cuatro principales rutas por las que se ingresan las armas estadunidenses. La ruta del Pacífico, cuyo punto de ingreso es Tijuana, y trasiega por Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca. La ruta del centro, que ingresan por Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia. Por la del Golfo, ingresan por Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, trasiegan luego a Ciudad Victoria, Veracruz, y Tabasco o Oaxaca. Y la ruta del Sur, en los puntos fronterizos de Balancán, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, llegan luego a Tuxtla Gutiérrez y de allí se envían a Veracruz y Oaxaca”. En: Tráfico de armas, el negocio de la muerte. En: www.contralínea.com (11 de noviembre de 2011). Recuperado el 27 de junio de 2020. Disponible en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2011/11/16/trafico-de-armas-el-negocio-de-la-muerte/